Hoy en día la mujer ha mostrado un gran interés no sólo en conocer sus derechos, sino también ejercerlos y hacerlos exigibles en los diferentes ámbitos de su vida.
Un fenómeno particular se da en el ámbito judicial, son cada vez más mujeres quienes comparecen ante los órganos jurisdiccionales a pedir la intervención de las autoridades, en su mayoría para hacer cumplir las obligaciones alimentarias que tienen no para ellas, sino para sus hijos, los hombres que por determinada razón abandonaron o se separaron de su pareja, olvidando estos que la separación es con la esposa, concubina, no con los menores, quienes desgraciadamente son los primeros que resienten los daños de las separaciones.
Así pues, queremos que más mujeres conozcan que derechos tienen y como hacerlos exigir, y en conjunto exigir también a las autoridades que hagan su trabajo, pues también existe otra realidad a la que las mujeres se enfrentan hoy en día, el actuar de nuestras autoridades, pues es conocido por citar un ejemplo, que cuando se demanda un juicio sobre pensión alimenticia, la parte bonita es leer el criterio de nuestros juzgadores, donde a través de una sentencia, estos fijan una cantidad o porcentaje por concepto de alimentos, pero ¿que sigue después?, ¿cómo logran esas mujeres cumplir una determinación judicial?, ¿cuantas veces tiene que requerir una mujer ese pago?, ¿cómo las ayudan las autoridades a localizar a los deudores?, y es que en la ley los derechos se pueden leer bonito, pero en la realidad, ¿cómo se cumplen?, ¿cómo contribuye la autoridad para que un niño vea a su padre, si este no quiere buscarlo?.
De ahí la importancia de que nuestras autoridades asignen presupuestos a las autoridades competentes, para que en caso de que un padre evada su responsabilidad, ya sea ocultándose, renunciando a su empleo, declarándose en quiebra, cambiando su residencia, con la finalidad de no cumplir con la obligación que tiene, comience a perseguirse dicho delito, sin trabas burocráticas y defendiendo el interés superior de los menores, dándole la importancia que este delito tiene, pues con su práctica se atenta contra la integridad, salud y pleno desarrollo de los infantes, el Estado mexicano tiene esa deuda con los niños, pues se ha quedado como un mero espectador, les otorga el derecho, un juez les reconoce ese derecho, pero no lo hace exigible, no intentamos que las prisiones se llenen de deudores alimentistas, pero sabemos que uno de los dones más bellos con los que cuenta el ser humano es la libertad, y confiamos en que sea el estímulo que garantice la defensa de los hijos, que hoy han sido abandonados por sus padres, o bien buscar alternativas que resulten eficaces, una propuesta podría ser crear un sistema nacional de deudores alimentarios, donde queden registrados y a su vez se faculte a las autoridades para no expedir a dichos deudores licencias de conducir.
