Rogelio Raya Morales
No se puede decir que la estructura electoral de un país sea parte directamente relacionada con la estructura económica del mismo. Pero es indudable que a toda estructura económica le corresponde una determinada estructura política. Es decir, la implementación y práctica del modelo de administración del capitalismo, al que se ha dado en llamar neoliberalismo, no podía existir sin una adecuada estructura política.
De ahí nace la tendencia a derechizar la vida pública en muchos países, porque esta superestructura política es la que se adecúa más eficientemente al modelo económico mencionado.
Por décadas, transitamos en nuestro país bajo la más defectuosa democracia, por ejemplo, persistencia de un partido único y un gobierno sin posibilidad de alternancia, menos de posibilitar transiciones políticas, hasta una democracia ficticia, cínica, torpe y sumamente lacerante para el bolsillo de los mexicanos. Tanto los procesos electorales, como la práctica legislativa y la del ejecutivo fueron de tal modo antidemocráticas y defectuosas que hoy vivimos las consecuencias en una inercia de desmedida ambición por el puesto (presupuesto, en realidad), una gestión de la administración pública más cerca de las formas de organización criminales y una feroz defensa de lo más negativo de lo que se puede llamar práctica política.
El enquistamiento de grupos de intereses que muy eficientemente se repartían los recursos públicos bajo el manto de la más rapaz corrupción, fue el hilo conductor del sistema político en México, hasta la llegada de López Obrador en el 2018, en un proceso electoral que fue de tal magnitud aplastante, que los órganos parciales electorales no pudieron revertir la masiva votación de los ciudadanos en favor de un cambio. Y, efectivamente, el cambio se está dando entre los más increíbles obstáculos administrativos, de cuadros neoliberales que aún siguen siendo decisorios en la definición e implementación de políticas que no buscan el beneficio de las mayorías, menos de la nación, de campañas mediáticas vergonzosamente basadas en mentiras y en medias verdades y en un ocultamiento de los cambios que se producen, con mucha lentitud algunos, pero que van en la dirección de sentar las bases de trasformaciones más profundas y socialmente necesarias.
En este marco, el proceso de cambios que se persiguen, tanto en la forma de definir como de implementar la nueva política económica, cómo en la superestructura política que limitó e hizo de la democracia una simulación y de la necesidad de enfrentar de manera diferente la solución a los grandes problemas de pobreza, inseguridad, educación, salud, cultura etc. requiere de un cambio en uno de los puntos más importantes del sistema político mexicano: el sistema electoral.
La corrupción, enraizada y personalizada en los diferentes partidos dizque de “oposición”, hoy se debaten en una lucha frontal, dispuesta a no perder ni un ápice de privilegios, decidida, al igual que sucedió con otras iniciativas como la de la reforma energética, la de llevar los beneficios sociales de los programas gubernamentales a rango constitucional, entre otros, a utilizar la mentira, la manipulación y las más desnaturalizadas alianzas para evitar que un reclamo popular de larga data, se realice. Es decir, la sociedad, reclama, desde hace mucho tiempo, una democracia más transparente, menos simulada y menos onerosa. Y, en ese sentido, la reforma a nuestro marco legal y organizativo de los procesos electorales se demanda con mucho apremio.
A esto, la derecha toda, unida en defensa de un organismo a todas luces defectuoso, oneroso, parcial, simulador, excluyente se ha unido en santa alianza. Y pretenden manipular a la opinión pública con sólo mentiras y mentiras. No se trata de eliminar al organismo que regule los procesos electorales, sino sólo hacerlo más eficiente, democrático y que no se una carga tan pesada económicamente. Menos dinero para los partidos, contribuiría a desechar paulatinamente la corrupción en la política. Menos diputados y senadores harían menos costoso para el país una actividad que se volvió, hasta perversa, por las motivaciones de beneficiar a ciertos grupos políticos, ligados ciertamente a grupos económicos. Cambios en las formas de definir a los sujetos actuantes en las cámaras, que antes sólo podían hacer los propietarios de las franquicias políticas, ahora, con la reforma electoral, permitirán que sean los propios ciudadanos los que realmente decidan a quienes quieren por representantes populares en las cámaras legislativas. La reforma electoral del Presidente AMLO pretende, también, que la conformación del organismo electoral, deje de ser un pacto malévolo y retorcido entre los partidos y se le dé al pueblo la posibilidad de nombrar, vía votación ciudadana, a sus miembros.
La sociedad demanda transformaciones en diferentes ámbitos que pasan por reformar necesariamente a nuestra democracia. Una mejor democracia, hoy urge de cambios en todo lo referente a los procedimientos electorales que hemos venido padeciendo desde hace decenas de años porque son definitivamente antidemocráticos. El neoliberalismo ha dejado de ser una política de estado y por eso se debe cambiar el marco político de la democracia. Sin democracia, es difícil o imposible empujar cambios en lo económico, social y cultural de cualquier nación.
