Rogelio Raya Morales
Muchas e importantes novedades nos dejó la santa semana que recién terminó. Pero dentro de todas ellas, vamos a destacar una que tiene dimensión social de primera importancia, no sólo dentro de la actual política de transformaciones económicas y sociales sino, incluso, dentro de una perspectiva histórica de mayor alcance.
Una de promesas que desde campaña hacía el actual presidente, y no sólo como condición para el desmantelamiento del neoliberalismo implantado en México con toda la fuerza de la inmoralidad, la ambición y la corrupción extrema, sino como condición de fortalecimientos de nuestra economía que fundamente políticas para restablecer el consumo de las grandes masas de la población e incluso incrementarlo, era, sin duda, el recate del sector energético. Y hemos sido testigos de cómo, con toda la capacidad tecnocrática puesta en acción para salvar los intereses de unos cuantos en el país, se blindó el sistema para que todo fluyera sobre los rieles de la ilegalidad, la corrupción y el privilegio empresarial, hasta un nivel en que no se podía sospechar siquiera su alcance.
Las grandes reformas, que no a la constitución, sino a través de decretos, como el de Salinas en 1992, con el cual se le retiraba la calificación de servicio público o bien público a la generación de electricidad, y que no era sino una forma de abrir la puerta de par en par para que el capital privado, sobre todo el extranjero, pudiera tener una tajada de un pastel en el sector eléctrico, que es , en todo el mundo, muy apetitoso, hasta la de Peña nieto, hechas con la compra de votos de los prianrredistas, parecía que tenían todo bajo control. Pero si eso no fuera suficiente, la ilegalidad tolerada de las grandes empresas nacionales y extranjeras, hacían lo necesario para mantener el dominio de los mecanismos legales, onerosos para el país y generosas para sus ganancias.
El primer tropiezo en serio, lo constituyó la no aprobación de la reforma energética de 2022, en parte, ocasionada por los errores de morena de poner como candidatos a puros indecentes que perdieron ante otros igual de indecentes pero priistas. Los indecentes morenitos que ganaron, muchos se fueron con la oposición y eso impidió que se lograrán los votos necesarios para aprobar dicha reforma. Ahí hubiera estado un triunfo y un avance significativo en la política energética.
Después, sólo se aprobó la reforma a la industria eléctrica, con significativos avances, pero no contábamos con un poder judicial que, enfrentado directamente contra el ejecutivo y el legislativo, a través de aceptar amparos irracionales y leguleyos, habían hecho de agua también esa reforma. Y hasta ahora lo sabemos, pero no se había podido aplicar casi nada de lo aprobado en las cámaras de diputados y senadores.
Hay que reconocer que para uno que madruga, otro que no duerme. AMLO, sabía que por la vía de las reformas y por la vía de todo lo que implicaba al poder judicial no se lograría nada, así que se resolvió de la mejor manera: comprar para la nación, parte de las empresas en que se fincaba la obtención de las ganancias privadas extranjeras, y así fue que se adquirieron 13 plantas de la empresa depredadora y ambiciosa Iberdrola.
Además, eran, al mismo tiempo, las que apoyadas por gobiernos externos y por la derecha mexicana en pleno, seguían representando una vergüenza para nuestro país por las condiciones leoninas con las que emprendieron sus negocios y por la sólida telaraña de negocios ilegales montados al amparo de recurso ilegales con empresas que se convirtieron al esquema de auto abasto, a todas luces una gran ilegalidad. Este golpe a la derecha conservadora mexicana no se lo esperaban, sabedora que las relaciones del gobierno s con los directivos de la empresa, españoles con espíritu de conquista a lo Cortés y Alvarado, eran totalmente de conflicto. El gobierno, entonces, negoció directamente con los dueños de Iberdrola y dejó con un palmo de narices a su representante global, el archineoliberal, engreído y depredador José Ignacio Sánchez Galán.
México con esta medida, y otras por el estilo, se convierte en un protagonista serio del desmembramiento de la política globalizadora, parcialmente beneficiaria de unas cuantas naciones y unos cuantos empresarios trasnacionales. El haber negociado directamente con uno de los consorcios o bloques o sociedades financieras o grupos que marcan tendencia en el mundo del dominio del dólar, el grupo Black Rock, el cual es una de las firmas administradoras de las cuantiosas inversiones en distintas ramas de la economía mundial, con cierta predilección en el sector energético, y haber logrado que desmantelaran sus empresas en México, es una victoria colosal. Quizá no se advierta por todos y ahora, pero es de la mayor trascendencia.
Esta última jugada que dejó boquiabiertos a los conservadores neoliberales mexicanos, apátridas, por cierto, no sólo incrementa la capacidad del estado en la producción de electricidad y garantiza su distribución racional, sino que recupera, en una mediad esencial, la rectoría del estado en esta materia, perdida durante los sexenios de De la Madrid, hasta Peña Nieto, pasando por Salinas, Zedillo, Fox y Calderón.
Eso es más que una nacionalización por el marco en el que se produce y porque se corresponde con el desmembramiento de una política específica del capitalismo: el neoliberalismo.
Algunos radicales infantiles quieren ver medidas directamente socialistas. AMLO no es socialista, pero hacer avanzar las fuerzas productivas y la socialización de los procesos de producción, es, sin quererlo, un paso hacia la superación estructural del capitalismo.
Otros, más ignorantes y perversos, se rasgan las vestiduras porque creen que son medidas políticas que nos llevan directamente al socialismo y critican, ahora, cuando en su momento defendieron a estas empresas por su innovación tecnología de puntas etc., diciendo que se compró pura chatarra. Aún y cuando así hubiera sido, que no lo es, lo que se rescato fue un espacio económico que se tenía otorgado a empresas extranjeras y que ahora pertenece al estado, pues con esta medida, el estado ya en este momento, tiene aproximadamente el 55% de la generación de energía eléctrica y se espera, una vez que se de la reestructuración de todo el sector, llegar a finales del sexenio a un 65 de toda la generación con lo cual, se garantía que la comercialización de la electricidad no sea con un objetivo de lucro.
Pero, lo más trascendente, es que, con esta independencia energética, se posibilita el ejercicio de una plena soberanía, y no sólo en el sector de la energía, sino en toda su amplitud. Un país sin independencia energética, es fácilmente manipulable, como lo fueron los sexenios neoliberales anteriores.
Por último, apoyemos la demanda de libertad para Julian Assange, cuya prisión es uno de los atentados a la libertada de expresión y de pensamiento más inaudita, en esos tiempos, por el imperialismo de los Estados Unidos, por cierto, ya en problema serios para mantener su imperio.
