Hugo Rangel Vargas
Herido en su orgullo, acorralado en su derrota, lanzando zarpazos a diestra y siniestra y rugiendo desde la Casa Blanca; el entonces presidente Donald Trump tuvo alientos para arengar a algunos de sus fanáticos a tomar el capitolio el 6 de enero de 2021, apenas dos meses después de su derrota frente a Joe Biden.
Tres días después de la trifulca, el 9 de enero, Nancy Pelosi revelaba que había sostenido conversaciones con un alto mando militar norteamericano para restringir el acceso de Trump, un “presidente inestable” -dixit-, al llamado “botón nuclear”. De manera irónica, el 21 de enero, la oficina del presidente Biden informaba la cancelación del botón rojo presidencial, el cual utilizaba el magnate Trump para solicitar a su mayordomo un refresco de cola.
Mas allá de la anécdota, es claro que el compás de tiempo que existe entre la elección de un mandatario y el momento en el que éste toma protesta genera vacíos de poder que, de no ser enfrentados con madurez y en un entorno legal claramente definido, pueden derivar en crisis.
En Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien obtuvo una mayoría de votos en la elección del pasado 6 de junio, tendrá que esperar casi cuatro meses y sortear aún toda una serie de eventualidades jurídicas para poder asumir el llamado solio de Ocampo. Mientras eso ocurre, el gobernador en turno, Silvano Aureoles, (quien además fungió como coordinador de facto de la campaña de Carlos Herrera), tiene los recursos suficientes para urdir toda serie de maniobras que torpedeen su ascenso.
Las recientes declaraciones vertidas por Aureoles Conejo en un medio de comunicación nacional señalando una supuesta intervención del crimen organizado en el proceso electoral es tan desesperada como escupir al cielo. En medio de ese pataleo desafortunado, no teme a enfrentar el cuestionamiento del porqué el crecimiento del poder de los grupos delincuenciales durante su mandato; mismo que, según su decir, llegó al punto de ser determinante en el proceso electoral.
Pero el botón de poder de Silvano no se circunscribe al acceso ilimitado a medios de comunicación. En recientes días, de manera sospechosa y sin que medie una explicación técnica clara, se ha restringido la instalación de módulos de vacunación en capital michoacana aún y cuando el tamaño de la población susceptible de ser inmunizada se está incrementando. Esto ha ido acompañado de una estrategia de desinformación que pretende canalizar el enojo de la población por tal determinación hacia el gobierno federal.
Los botones de los que aún puede echar mano el lastimado gobernador pasan por la condonación de multas y recargos a adeudos fiscales que limiten la capacidad recaudatoria del siguiente gobierno, así como la venta de patrimonio estatal; mismos que ya amenaza utilizar y que serian veneno puro para las finanzas de una nueva administración que prácticamente arribaría a saldar los ya sabidos compromisos laborales de fin de año.
La alternativa al desenfreno del gobernador Aureoles se encuentra en el congreso: un parlamentario o parlamentaria que se atreva a asumir el rol que, toda proporción guardada, tomó la experimentada Pelosi frente a Trump. Ello podría convertir las amenazas en un inofensivo pataleo infantil, y a un botón nuclear en un simple botón rojo para pedir “Diet Coke”.
