Por el profesor Juan Pérez Medina (CUT-MICHOACÁN).
Dura está siendo la confrontación de las diversas agrupaciones sindicales al interior del sistema educativo estatal. Si bien hace unos años, cuando había solamente “Rojos”, “Azules” y “Naranjas” la disputa era cotidianamente de descalificación, sobre todo, entre los dos primeros (Rojos y Azules) en las escuelas, aunque, para la opinión pública, era más notoria la guerra de descalificaciones que mantenían en las redes sociales en donde se acusaban de tener relaciones inmorales con el gobierno de Silvano Aureoles y actuar a su favor utilizando la voluntad de sus representados. Ambos grupos se acusaban de corrupción y, a decir verdad, ninguno estaba equivocado.
En la actualidad, lo que estamos viendo es una degradación sistemática de lo que fue en su momento y por décadas, el movimiento sindical más importante de la historia contemporánea de Michoacán. Lo increíble de este suceso es su capacidad para hundirse. Desde hace años varios venimos afirmando que la situación de descomposición ya ha tocado fondo, pero nos hemos y seguimos equivocando. Pareciera que la intención es superar toda lógica, incluyendo aquí las viejas prácticas que el sindicalismo institucional creó en los años 30 del siglo XX, cuando dominaba los caciques sindicales.
Y lo digo con sustancia, pues al control vertical que ejercía el charrismo sindical, en donde los trabajadores los trabajadores eran sometidos a través de diversas formas como las de sembrar la idea de que la gestión es un favor y que ésta debe ser recompensada con la lealtad absoluta. Así, los cambios, promociones, contrataciones, otorgamiento de un crédito, etc., es un servicio que sólo se puede otorgar a cambio de lealtad, además de otras cosas como dinero, comidas en restaurantes de lujo, trabajo de vigilancia y denuncia sobre sus adversarios, impulso a sus iniciativas e, incluso, a cambio de favores sexuales, en el caso de las mujeres.
Utilizaban la represión y el aislamiento de aquellos que no se disciplinan, llegando a impedir el uso de sus derechos cuando les asisten, y hasta a sacarlos del servicio, levantando actas administrativas en su contra. No existían mecanismos que permitieran la participación de la base. Los acuerdos eran cupulares manteniendo a los agremiados lejos de los asuntos primordiales en torno a sus demandas laborales y sindicales. Son altamente antidemocráticos y ajenos a promover las decisiones de base. Su compromiso es con el patrón.
Si bien desde 1989 habíamos avanzado en la tarea del empoderamiento de las bases en la Sección XVIII, esto ha venido perdiendo terreno desde hace años, convirtiendo el quehacer sindical en un elemento de simulación. Las estructuras creadas para hacer que la base permanentemente discuta, analice, proponga y actúe informadamente, fueron perdiendo su fortaleza y degradando su rol protagónico al grado de casi perder sentido. Poco a poco, las bases se fueron alejando de las asambleas delegacionales, regionales e incluso de los plenos. Esto ha ocurrido por varias razones. La primera es el hecho de que desde la dirección se insistió en avanzar más rápido de lo que la propia base trabajadora podía. Hubo saltos que casi fueron al vacío. Ideologizar la lucha en momentos en que los trabajadores apenas se descubrían con derechos, fue un paso que dejó en el abandono a varios de aquellos que por mucho tiempo estuvieron ligados al PRI y sus prácticas por medio del SNTE o que fueron siempre subordinados a los caciques sindicales locales. Eran trabajadores de aula sin perspectiva social, apegados a la propia naturaleza de su rutinaria labor. Por otro lado, a la toma de acuerdos de base se les fue imponiendo la idea de que la discusión de los trabajadores en sus instancias debía partir de la orientación que el CES diera. Así, la riqueza de las opiniones de los maestros de base se fue frenando y limitando, hasta lograr burocratizar las instancias de toma de decisiones. La correa de trasmisión de propuestas fue invirtiéndose y haciéndose vertical, al grado que en muchas delegaciones se acabó aceptando que no era necesaria discusión alguna y que estaban a lo que el CES dijera.
Burocratizar las instancias de toma de acuerdo acabó debilitándolas al grado de que eran muy pocos los que veían atractivo formar parte de la representación sindical, dejando ese espacio a personajes cuya aportación real era casi nula, limitándose a asistir a las reuniones del CES, plenos, marchas y plantones, pues eran incapaces de realizar tareas políticas por su cuenta. Lo más grave fue que al perder los cargos sindicales el interés para los trabajadores, éstos fueron asumidos por personas sin compromiso con nuestros principios, quienes llegaron a los cargos para desde ahí beneficiarse de forma directa e indirecta. No pocos de los secretarios generales, representantes de centros de trabajo y dirigentes seccionales, han tenido empacho en beneficiarse del cargo que ostentan y su relación con los altos dirigentes y autoridades educativas.
El principio aquel del Congreso de Uruapan de 1989, que mencionaba que mientras estuvieras en el cargo sindical no se podría ser sujeto de beneficios para sí y sus familiares, fue abandonado con el paso de los años. Estas ligerezas en el accionar del movimiento sindical trajeron de vuelta, como consecuencia natural, el crecimiento de la corrupción sindical entre nosotros, favoreciendo cambios, ascensos y contrataciones sin ética alguna, bajo procesos en donde se imponía la lógica de otorgar un beneficio para mantener bajo control a quienes se favorece.
Hoy es aceptable que se pague por la solución de un asunto, que se luche por otorgar plazas como herencias, que se compren horas o plazas de jornada y se vendan tanto los cambios, como los ascensos e, incluso, las contrataciones de nuevo ingreso. La corrupción es ya un sello de la gestión sindical y no hay quien se salve.
Los actuales integrantes de los distintos grupos sindicales no tienen compromiso con sus representados. Se dedican a sacar raja a su favor de las magras condiciones en que el sistema educativo se encuentra. Como dije, lo cobran todo, permiten que se venda y se compre por todo según se deje el “cliente” y, sobre todo, utilizan el espacio en que están para otorgarse horas y plazas y para hacerlo con sus familiares.
Las generaciones de trabajadores de hoy, nacidos y formados en el marco del neoliberalismo, no saben de derechos y obligaciones. Actúan bajo la lógica del favor comprado y están dispuestos a pagar para pasar por encima del derecho de otro y así obtener lo que no le corresponde. Los dirigentes sindicales, acostumbrados a tomar lo que sea por medio de la fuerza, aun hoy realizan acciones que no les corresponden, para después presionar a las autoridades para que les legalice lo mal hecho, pero si bien cobrado.
Aprovechándose de los horrores que ha generado la política educativa neoliberal en el ámbito laboral, han pulverizado los procesos formales, imponiendo el refrán que dice que “a río revuelto ganancia de pescadores”.
