José García Segura
A pesar del comportamiento “poco veraz y nada prudente” de Guadalupe Diaz Carranza, la Junta de Decanos del Colegio Nacional del Notariado Mexicano validó su participación en la elección de dirigentes el sábado 12 de noviembre en Monterrey, Nuevo León.
A puerta cerrada, los jurisconsultos conocieron el desaseo profesional con que se conducen la notaria tlaxcalteca-oaxaqueña; su hermano Juan, quien es magistrado del Poder Judicial de Oaxaca y el padre de ambos, Juan Diaz Pimentel, ex secretario de salud y ex líder del congreso local.
Apoyada por el dirigente nacional, Guillermo Escamilla Narváez, la notaria intenta a toda costa hacerse del poder para manejar, a
discreción, 150 millones de pesos año con año, producto de las cuotas de los asociados y de los servicios que proporciona como organización gremial.
La “mala fama” que acompaña a Guadalupe Diaz Carranza tiene en jaque a esa institución de la que forman parte reconocidos juristas, entre ellos Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
“Están desprestigiando la función notarial por pretensiones de carácter personal”, advirtió Arturo David Vásquez, vicepresidente del
Colegio de Notarios de Oaxaca.
Medios de prensa refieren que “lejos de proporcionar seguridad jurídica” la señora Díaz Carranza–abogada egresada de la Ibero o
bióloga por la universidad de Puebla—habría falsificado hasta sus documentos personales.
Su padre, Juan Ramon Diaz Pimentel, cesado como secretario de salud, apodado “zar” del despojo de tierras en la región del Istmo de
Tehuantepec, donde se construye el Corredor Interoceánico, es dentista, pero se presenta como doctor.
El Notariado Mexicano está organizado por Colegios en cada entidad. En otro tiempo competían en calidad, no en precios.
Con todo y el lodazal que se vive ahora, “el costo de firmar un documento notarial es menor a los costos sociales y económicos que
evita”.
