- Arantepakua exige garantizar justicia
• Argumentan que el 5 de abril del 2017 hubo ejecuciones extrajudiciales y casos de tortura en la comunidad de Arantepakua
Álvaro García Pineda
Morelia, Michoacán a 05 de abril de 2022.– Un 5 de abril, pero del año 2017, llegó hasta Arantepakua un grupo de la Policía Michoacán y Secretaría de Seguridad Pública para reestablecer presuntamente el orden y la paz en dicha comunidad perteneciente al municipio de la meseta purépecha de Nahuatzen, pero de un momento a otro, surgieron disparos de arma de fuego y se registró una reacción en cadena y ambas partes se dicen agredidos y se culpan uno al otro de haber iniciado la agresión.
Resultado de ello, fueron cuatro personas fallecidas, 58 heridos y una alta cifra económica en daños para las dos partes.
Por ello, hoy a cinco años de ese suceso, la comunidad de Arantepakua exige que el ahora Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, no intervenga en las investigaciones, por tener supuestamente conflicto interés, debido a que en el momento de los hechos, era el Secretario de Gobierno en la gestión gubernamental de Silvano Aureoles.
Por ello, demandan que la Fiscalía General de la República (FGR) absorba el caso y urgen deslindar responsabilidades sobre los ex-funcionarios estatales implicados en las cuatro presuntas ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura y 56 allanamientos ilegales que sufrió la comunidad indígena de Arantepakua en 2017.
A 5 años de que se registraron los hechos antes señalados y cuyos alcances fueron confirmados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguran los comuneros indígenas que la intervención de la FGR le dará celeridad a la resolución del caso, porque acusan a la Fiscalía General del Estado (FGE) de opacidad.
Han transcurrido 5 años de las agresiones que sufrió la comunidad de Arantepakua y hasta la fecha no existe justicia para madres, padres, hermanas y hermanos que perdieron a un ser querido en los hechos violentos en la comunidad purépecha, además de precisar si hubo o no violación al derecho humano a la vida en agravio de las cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionados, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas.
Justificado o no los actos de vandalismo, hay motivos para exigir que haya justicia y responsables, porque más tiempo, “más violencia saldrá del pueblo de Arantepacua”.
