Urgente que la CONAGO, la COPECOL, los organismos defensores de Derechos Humanos y toda instancia posible, se pronuncien contra la política de muerte y persecución a migrantes
El Gobierno Federal debe responder por delitos de lesa humanidad cometidos en contra de migrantes centroamericanos, a quienes se les masacra de manera aberrante incluso con todo y familia, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El legislador de extracción perredista apuntó que lo sucedido el pasado miércoles en Coahuila en donde migrantes y sus familias fueron sorprendidos y agredidos con arma de fuego por agentes del Instituto Nacional de Migración y elementos de la Fiscalía de ese estado cobrando la vida de al menos una persona, es un crimen de lesa humanidad por el que deben llamarse a cuentas a los responsables y el Gobierno de la República.
Antonio Soto apuntó que incluso organizaciones como Amnistía Internacional han advertido a propósito de este caso sobre el alarmante enfoque hostil con que México ha asumido su postura en torno a las personas migrantes y solicitantes de asilo.
“Es claro que el Gobierno de la República ha decidido aniquilar la tradición mexicana de solidaridad y apoyo que en materia de política exterior lo había caracterizado históricamente, y ha decidido exacerbar el rostro más oscuro que una autoridad pueda tener hacia los desplazados”.
Condenó el silencio y las salidas falsas del Gobierno de la llamada Cuarta Transformación frente a actos de barbarie que son fomentados desde el propio Estado Mexicano, y que han dinamitado la calidad moral nacional sobre estos temas.
“Ahora la pregunta inmediata es ¿cómo México tendrá algún tipo de legitimidad para exigir el respeto a los derechos e integridad de nuestros connacionales en otros países, si en territorio nacional es un feroz perseguidor de los migrantes?”.
Para Antonio Soto es urgente que a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, de los organismos defensores de Derechos Humanos, y de toda instancia posible, se emitan pronunciamientos que generen contrapesos contra la política de muerte y persecución de migrantes que se ha instaurado en territorio nacional.
